En treinta años, la participación de los alimentos ultraprocesados (UPF, por sus siglas en inglés) en las compras alimentarias de los hogares argentinos trepó del 19% al 29%. No es un número anecdótico: es la huella de una transformación silenciosa en la mesa familiar que, según la evidencia más reciente, tiene un precio sanitario enorme.
The Lancet publicó a fines de 2025 una serie de tres artículos coordinada por 43 especialistas internacionales. El veredicto es contundente: la evidencia acumulada justifica acción pública inmediata, sin esperar más estudios. Y entre las herramientas que proponen, los instrumentos fiscales ocupan un lugar central.
«El auge de los alimentos ultraprocesados en la dieta humana está perjudicando la salud pública, alimentando las enfermedades crónicas en todo el mundo y profundizando las desigualdades en salud.»
The Lancet, noviembre 2025
¿Qué dice la evidencia?
La serie analiza 104 estudios prospectivos sobre el impacto de los UPF en la salud. De ellos, 92 encontraron asociaciones con al menos una enfermedad crónica: diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, afecciones renales, depresión y mortalidad prematura. No es un perfil de riesgo menor: es el catálogo de las patologías que más consumen recursos en cualquier sistema de salud.
Los autores son cuidadosos en señalar que el daño no proviene únicamente del exceso de azúcar, grasas o sodio — los parámetros clásicos de la nutrición — sino del procesamiento industrial en sí: la modificación de la estructura química del alimento, los aditivos sensoriales, la densidad energética diseñada para estimular el consumo excesivo. Reformular los productos no alcanza. El problema es el ultraprocesamiento.
En Argentina, los datos son elocuentes. Según la 4ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo1, el 61,6% de los mayores de 18 años tiene sobrepeso u obesidad (comparativamente superior a la 3ra edición de la ENFR 57,9%), solo el 6% consume la cantidad recomendada de frutas y verduras, y el 12,7% reporta diabetes o glucemia elevada. Además, estudios locales muestran que el 90,8% de los niños de entre 6 y 23 meses ya consume algún ultraprocesado2, una cifra que debería poner en alerta a cualquier planificador sanitario.
La propuesta fiscal: gravar para financiar
La serie de The Lancet no se limita al diagnóstico. Sus recomendaciones de política incluyen un paquete integral: etiquetado frontal con advertencias, restricciones de publicidad (especialmente dirigida a niños), prohibición de UPF en escuelas y hospitales, y —el instrumento más debatido— impuestos selectivos sobre ultraprocesados.
El diseño propuesto tiene una lógica redistributiva clara: los ingresos del impuesto financiarían transferencias en efectivo o subsidios para alimentos frescos y mínimamente procesados, protegiendo a los hogares de menores ingresos. Este esquema reconoce una tensión real: los UPF son baratos, tienen larga vida útil y resultan convenientes para familias con jornadas extendidas e ingresos ajustados. Un impuesto mal diseñado puede agravar la inequidad en lugar de reducirla.
¿Por qué Argentina no avanza?
La pregunta es pertinente. El país tiene una larga tradición de intervención estatal en precios y consumo, pero curiosamente ha sido tímido frente a los ultraprocesados. Las razones son conocidas: poder de lobby de las corporaciones transnacionales, temor a impactos inflacionarios en canastas básicas, y la ausencia de un consenso político sobre el rol del Estado en los hábitos alimentarios.
The Lancet documenta con detalle las tácticas que la industria despliega para frenar regulaciones: cabildeo parlamentario, financiamiento de investigación científica sesgada, campañas de relaciones públicas y construcción de dudas sobre la evidencia — una estrategia que los autores comparan abiertamente con la industria del tabaco décadas atrás. Solo en 2024, Coca-Cola, PepsiCo y Mondelez destinaron más de 13.000 millones de dólares en publicidad: cuatro veces el presupuesto operativo de la OMS.3
En el contexto macroeconómico argentino, el debate fiscal es más complejo todavía. Con una inflación que erosiona el poder adquisitivo, cualquier impuesto que encarezca la canasta básica enfrenta resistencia política inmediata. Pero ese argumento tiene una trampa: los costos sanitarios de no actuar — hospitalizaciones, tratamientos crónicos, años de vida perdidos — tampoco son gratuitos. Los paga el sistema de salud, y en última instancia, toda la sociedad.
Una cuenta pendiente: el costo de la inacción
Aquí está el núcleo del argumento económico. Los sistemas de salud que no regulan el ambiente alimentario terminan absorbiendo los costos de la enfermedad crónica. En Argentina, las obras sociales y el sistema público financian el tratamiento de la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal y cardiovascular — patologías cuya prevalencia está directamente asociada al patrón dietético.
Calcular el costo exacto de los ultraprocesados sobre el sistema de salud argentino es metodológicamente complejo, pero la dirección es clara: cada punto porcentual de aumento en la prevalencia de obesidad o diabetes se traduce en mayor gasto hospitalario, mayor ausentismo laboral, mayor presión sobre los seguros de salud. La pregunta no es si el Estado puede permitirse regular. La pregunta es si puede permitirse no hacerlo.
El paralelo con el tabaco es más que retórico. Argentina implementó políticas antitabaco progresivas — impuestos, espacios libres de humo, advertencias en envases — y la prevalencia de fumadores descendió del 29,7% al 22,2% en dos décadas. ¿Qué tan diferente sería un abordaje sistemático sobre los ultraprocesados?
Conclusión: la agenda que falta
The Lancet no pide esperar. Los autores son explícitos: la evidencia actual es suficiente para justificar políticas ambiciosas. El costo de la inacción — medido en vidas, en años perdidos y en pesos del sistema de salud — supera el costo de actuar.
Para Argentina, gravar los ultraprocesados no es una idea exótica ni importada. Es una extensión lógica de una política sanitaria que ya reconoce que los hábitos de consumo tienen determinantes estructurales, no solo individuales. Lo que falta es la voluntad política para enfrentar a una industria que, como documenta The Lancet, juega con reglas propias.
La pregunta del título tiene respuesta: costaría menos de lo que cuesta no hacerlo.
Fuentes y lecturas recomendadas
- 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo ↩︎
- Consumo de alimentos ultraprocesados en niños entre 6 y 23 meses según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de Argentina ↩︎
- Contundente denuncia científica a las corporaciones de ultraprocesados ↩︎
• Monteiro CA et al. The ultra-processed dietary pattern and human health: the thesis and the evidence. The Lancet, noviembre 2025.
• Scrinis G et al. Policies to reduce ultra-processed food consumption: from food environments to food systems and corporations. The Lancet, noviembre 2025.
• Baker P et al. Towards unified global action on ultra-processed foods. The Lancet, noviembre 2025.
Economía de la Salud 
Excelente .
Se puede concientizar ,aunque difícil sostenerlo en el tiempo.
La DECISIÓN es lo importante por los cambios de hábitos permanentes en el día a día y aprender del daño que ocasionan éstos alimentos que tanta publicidad ,tanta irresponsabilidad para el otro ocasionan.
Lo expreso desde lo personal ,por SALUD de un familiar ,cómo también de pacientes que asisto que requieren un cambio urgente en su dieta ,en su vida diaria,en su economía,sin darse cuenta que a lo largo del tiempo se abarata por las complicaciones de salud,medicación y alimentación.
Se debería hacer más público y que esté al alcance de todos para poder ir modificando la cultura de lo sano y de lo natural.
Muchas gracias ,es excelente y deseo sinceramente que que se haga más público y generar conciencia,responsabilidad y amor al otro para minimizar sus futuras dolencias.
Lic.Ivonne Suárez Bourgaud
lic.ivettesuarezbourgaud@gmail.com
Me gustaMe gusta